El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 por el caso mascarillas
El tribunal considera probado que formaron una organización criminal y exime de cárcel a Aldama por su colaboración con la justicia
El Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a 19 años a su exasesor Koldo García por su implicación en el caso de adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia, mientras que ha impuesto cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, al que exime de ingresar en prisión por su colaboración con la justicia.
La sentencia, adoptada por unanimidad por la Sala Penal del alto tribunal, considera acreditado que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos públicos. Ábalos y García han sido condenados por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, con un cumplimiento efectivo máximo de 16 años y medio y 15 años, respectivamente.
El fallo sitúa el origen de la trama en 2018, cuando Ábalos, entonces ministro y secretario de Organización del PSOE, comenzó a estrechar su relación con Aldama a través de Koldo García. Según el tribunal, los acusados aprovecharon la posición del exministro para favorecer a empresas vinculadas al empresario en la contratación pública, especialmente en la compra de 13 millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado y Adif en plena pandemia.
A cambio, la sentencia recoge que Ábalos y su entorno recibieron diversas contraprestaciones económicas y en especie, entre ellas pagos mensuales de 10.000 euros, el alquiler de una vivienda para su expareja en Madrid, contratos de arrendamiento con opción a compra de inmuebles y estancias vacacionales en Marbella y Cádiz. El tribunal también considera probado que el exministro influyó para la contratación en empresas públicas de personas de su entorno sin que realizaran actividad laboral efectiva.
En el caso de Aldama, el Supremo aplica la atenuante muy cualificada de confesión y valora su colaboración “especialmente relevante” para esclarecer los hechos. Ninguna de las penas impuestas supera los dos años de prisión, lo que permite suspender su ejecución a condición de no delinquir, presentar informes periódicos de actividad y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.
La resolución subraya el impacto de la corrupción en el sistema democrático y advierte de que estas conductas “distorsionan la finalidad del poder público, debilitan los contrapesos institucionales y comprometen la igualdad de los ciudadanos ante la ley”. El tribunal destaca además que este caso constituye la primera sentencia firme relacionada con los escándalos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, con otras investigaciones aún en curso.
