La UCO registra durante diez horas Tubos Reunidos y reclama información a la SEPI por el ‘caso Leire Díez’
Por orden del juez Pedraz, la Guardia Civil busca pruebas de un posible desvío de fondos del rescate público de 112,8 millones a la trama que sitúa al frente a Santos Cerdán y Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y su fábrica de Amurrio (Álava), y se personó además en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en Madrid, para requerir documentación en el marco de una pieza secreta que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El dispositivo se prolongó cerca de diez horas.
Las diligencias se enmarcan en la investigación de una presunta trama destinada a interferir en actuaciones judiciales o policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno, supuestamente liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez. Según fuentes próximas al caso, los agentes buscaban pruebas de una posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y dicha estructura. No estaban previstas detenciones.
El origen del caso se remonta al rescate de la pandemia. Tubos Reunidos fue auxiliada por la SEPI con una inyección pública de 112,8 millones de euros, canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para evitar su disolución obligatoria ante un patrimonio neto negativo. Las pesquisas se centran, sin embargo, en una operación posterior: la compañía habría pedido reservarse parte de unos fondos que, según las condiciones del rescate, debían destinarse a amortizar deuda, y la UCO investiga si ese dinero pudo desviarse hacia la trama.
La Guardia Civil sostiene que el grupo formado por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso —conocido como Hirurok— habría percibido 114.950 euros en comisiones por intermediar en la concesión de la ayuda, a través de facturación presuntamente falsa. El sumario refleja incluso una reunión entre Cerdán, Díez y dos directivos de la empresa el 13 de noviembre de 2024 en el despacho que el dirigente socialista tenía en la sede del PSOE en la calle Ferraz.
La actuación tuvo réplica política inmediata del ministro de Hacienda, Arcadi España, quien garantizó ante la Comisión de Hacienda del Congreso una colaboración «total» de la SEPI con la investigación: «No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso ilícito en ningún caso». La compañía, en concurso voluntario de acreedores desde principios de mayo y con una deuda superior a los 200 millones de euros, aseguró estar «colaborando en todo» con los investigadores.
